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Ante un régimen cuestionado por la adopción de políticas de seguridad que trataron al crimen como problema de seguridad nacional, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad desarrolló una protesta basada en la idea de que el orden de las relaciones sociales se había apartado de la justicia divina como forma de amor al prójimo, es decir, una espiritualidad como elemento constitutivo del movimiento. Bajo esta hipótesis se analiza dicho movimiento mediante la construcción de su identidad y de la acción colectiva.

En el presente artículo se realiza un comparativo entre leyes subnacionales de víctimas de cuatro estados:Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Se mostrarán las semejanzas y diferencias en la construcción legal de la victimización, considerando que dichos marcos legales surgen en el marco de un proceso deviolencia estructural que aún no ha terminado, por lo cual no pueden ser interpretados como herramientas de justicia transicional. Se tomarán en cuenta cinco rasgos de importancia para entender la victimización desde estos documentos: definición legal de las víctimas, medidas de reparación de daño, medidas de protección,derecho a la verdad y derecho a la memoria.

Si bien las nociones de seguridad ciudadana y gobierno político de la seguridad han resultado formulaciones políticas de parcial y relativo consenso en la región, es bien sabido que los procesos a través de los cuales estas nociones encarnan en las instituciones no son lineales. Las decisiones y las prácticas concretas en lo que hace al registro y producción de información han encontrado diversos tipos de obstáculos: algunos fincan en la propia naturaleza de los datos; otros, en las prácticas consuetudinarias de las agencias intervinientes, finalmente, otros resultan de resistencias políticas y/o institucionales más o menos explícitas. En este artículo nos interesa abrir la discusión acerca de trabajos de consultoría que –a “contrapelo” de los modelos estandarizados– sean capaces de producir tanto reflexiones en torno a las burocracias estatales y al diseño de políticas públicas, como información y conocimiento en materia de seguridad ciudadana y derechos humanos.

Hace ya varios años que la voz violencia institucional no resulta desconocida. Su uso frecuente y extendido no es patrimonio exclusivo de organismos de derechos humanos, de organizaciones antirrepresivas, de agrupaciones políticas o de unos pocos medios de comunicación. Podría incluso decirse que hoy es parte de un habla común. Sin embargo, antes que buscar el origen de un concepto –no tributamos a la ilusión de los orígenes, Oscar Terán dixit (Foucault, 1983)–, tal vez sea preferible
considerar los procesos, las coyunturas, los momentos y los actores que han contribuido a su factura. Y aunque sería muy ambicioso proponerse hacer una genealogía, tenerla podría impulsar un análisis que trate de colocar elementos para pensar la historia política local de la violencia institucional. Un análisis que nos acerque a las coyunturas que contribuyeron a la enunciación de esta noción tanto como a su productividad. Es decir, no se trata de (re)construir una historia cronológica, pero sí de poder contribuir a una revisión que permita conocer y comprender los procesos que hicieron, y hacen, tanto a la construcción de esa voz como a sus usos y alcances en el presente.

El presente texto tiene como objetivo analizar los paralelismos históricos y jurídicos existentes en la relación que el Estado  mexicano ha establecido con los adolescentes y los indígenas a través del sistema judicial y el aparato administrativo. El estudio pone especial énfasis en los conceptos de sujeto de derecho y debido proceso como categorías centrales para entender el acceso a la jurisdicción del Estado y se argumenta a favor de reforzar la perspectiva sociocultural de juventud y la de adecuación cultural como herramientas para hacer efectivo dicho acceso para estos sectores de la población.