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El trabajo reflexiona en torno a los acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa, Estado de Guerrero (México) los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en los que seis personas fueron asesinadas, varias resultaron heridas de gravedad y 43 estudiantes continúan a la fecha desaparecidos. Planteamos que la forma en que las instituciones mexicanas han presentado la investigación de los hechos como una “verdad histórica” puede ser un ejemplo de una verdad de papel, por tratarse de una (re)construcción de la realidad que basa su apariencia de veracidad en una mera forma o ritualidad jurídica. Este tipo de respuesta institucional puede interpretarse como una muestra de la banalización del mal que opera como un “insulto moral” para los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes, ante los vacíos e inconsistencias en la investigación del caso se han convertido, accidentalmente y sin pretenderlo, en activistas por la defensa de los derechos humanos. En apoyo de lo anterior, recurriremos a los discursos en conflicto identificados en torno a la investigación del caso (por parte de la Procuraduría, los familiares y los informes de grupos de expertos).

La reforma Constitucional en materia de Seguridad y Justicia de junio de 2008, ha implicado una serie de cambios de suma importancia en lo relativo a la procuración e impartición de justicia de nuestro país. Uno de los aspectos más importantes en torno a lo anterior es que ordena la implementación del sistema procesal penal acusatorio, dando un plazo de ocho años para tal efecto; periodo que se cumple este año. Respecto a la importancia y trascendencia de la instauración del proceso penal acusatorio existen numerosas publicaciones, en donde diversos especialistas analizan la cuestión desde punto de vista jurídico. Sin embargo, en nuestro país hasta el momento no existen investigaciones realizadas desde las ciencias sociales que aporten reflexiones que consideren los elementos socioculturales implicados. En este contexto, el presente artículo tiene como objetivo plantear una propuesta de estudio del proceso judicial penal de corte acusatorio, desde la perspectiva de la Antropología del Derecho, a partir del análisis del mismo en dos dimensiones: la formal y la simbólica.

Partiendo de la pregunta respecto al aporte que podría darnos la antropología del derecho para la justiciabilidad de los derechos indígenas, en esta contribución desarrollo brevemente la problemática en torno al ejercicio de estas prerrogativas por parte de los pueblos, y tomando como ejemplo los litigios llevados por el ahora Municipio Purépecha de Cherán, Michoacán, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en particular el interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propongo algunas reflexiones que abonen a responder dicha interrogante.

Este artículo analiza el caso de los familiares que se organizaron para buscar a las personas que desaparecieron durante el periodo 2006-2012 en México. En esta propuesta se retoma la perspectiva de los familiares de las víctimas, quienes se convirtieron en activistas que apelaron al discurso de los derechos humanos como una “forma de acción política” cuando descubrieron que tenían el derecho de denunciar sus experiencias de injusticia y canalizar sus demandas. El texto plantea que la impunidad ha sido una circunstancia histórica que propicia las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y ha limitado el ejercicio de los derechos de los familiares de personas desaparecidas en el ámbito judicial. Además, se exponen los mecanismos de control sobre los funcionarios públicos mediante los cuales estos activistas han aprendido a vigilar y defender sus derechos en un contexto caracterizado por la erosión de confianza en las instituciones, especialmente en el sistema de procuración de justicia

Según datos oficiales en México se desconoce el paradero de más de 27,000 personas y sólo 6 de 291 averiguaciones previas por desaparición forzada han recibido sentencia condenatoria. En este documento recupero la narrativa de Rosa María Vázquez Hernández, madre de Daniel Osvaldo y José Luis Vázquez Vázquez desaparecidos por un grupo de 12 Agentes del Grupo Técnico Preventivo o Grupo Delta; de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 26 de marzo de 2011. El objetivo es observar en una historia particular el proceso de un caso de Desaparición Forzada bajo la óptica del insulto moral, propuesta por Luis Roberto Cardoso de Oliveira, y pensar el camino hacia el juicio reflexionante, propuesto por María Pía Lara; para ello establezco un diálogo entre fragmentos de entrevistas, cartas escritas a las autoridades y fragmentos de sentencias judiciales.