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Este artículo analiza el caso de los familiares que se organizaron para buscar a las personas que desaparecieron durante el periodo 2006-2012 en México. En esta propuesta se retoma la perspectiva de los familiares de las víctimas, quienes se convirtieron en activistas que apelaron al discurso de los derechos humanos como una “forma de acción política” cuando descubrieron que tenían el derecho de denunciar sus experiencias de injusticia y canalizar sus demandas. El texto plantea que la impunidad ha sido una circunstancia histórica que propicia las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y ha limitado el ejercicio de los derechos de los familiares de personas desaparecidas en el ámbito judicial. Además, se exponen los mecanismos de control sobre los funcionarios públicos mediante los cuales estos activistas han aprendido a vigilar y defender sus derechos en un contexto caracterizado por la erosión de confianza en las instituciones, especialmente en el sistema de procuración de justicia

Según datos oficiales en México se desconoce el paradero de más de 27,000 personas y sólo 6 de 291 averiguaciones previas por desaparición forzada han recibido sentencia condenatoria. En este documento recupero la narrativa de Rosa María Vázquez Hernández, madre de Daniel Osvaldo y José Luis Vázquez Vázquez desaparecidos por un grupo de 12 Agentes del Grupo Técnico Preventivo o Grupo Delta; de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 26 de marzo de 2011. El objetivo es observar en una historia particular el proceso de un caso de Desaparición Forzada bajo la óptica del insulto moral, propuesta por Luis Roberto Cardoso de Oliveira, y pensar el camino hacia el juicio reflexionante, propuesto por María Pía Lara; para ello establezco un diálogo entre fragmentos de entrevistas, cartas escritas a las autoridades y fragmentos de sentencias judiciales.

La siguiente discusión busca comprender el proceso social de información pública, observado como un mecanismo fundamental del sistema político que condiciona la organización de agentes sociales para la producción de insumos informativos, la colectivización de información, el establecimiento de redes de comunicación política y la síntesis del diálogo democrático. Condiciones que finalmente permiten la construcción de valores cívicos y derechos que comprenden lo público, su discurso y la apreciación del proceso social de información pública; lo que en su conjunto fundamenta controles legales y sociales –de transparencia y vigilancia por ejemplo– para la construcción del orden político democrático. Es decir, el condicionamiento para el desarrollo de la regulación democrática.

El artículo presenta un análisis de la implementación de la reforma penal desde una perspectiva antropológica, que ubica en los fundamentos culturales del derecho una veta de estudio capaz de explicar la transición legal desde su significación sociocultural. De esta manera advertimos en la pugna entre distintos significados de poder provenientes de dos sistemas de justicia diferentes, como son, el mixto y el acusatorio adversarial, lo cual se expresa en la práctica judicial. Como caso particular de estudio retomamos la experiencia del estado de Querétaro, en México. En particular nos concentramos en el análisis del discurso público del campo jurídico institucional que realiza a través de medios audiovisuales.

En San Luis Potosí se llevó a cabo un litigio entre comunidades indígenas y el gobierno del estado por el reconocimiento al derecho a la consulta, previa, libre e informada. La acción se derivó de una omisión gubernamental de conformidad con la ley local que reconoce el derecho a la participación auscultada de los pueblos indígenas en territorio potosino. Tras la acción judicial de los representantes de pueblos y comunidades, el gobierno del estado emprendió acciones que pasaron de la omisión administrativa a la ofensiva judicial para desacreditar las reivindicaciones de los quejosos. La Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí acompañó y asesoró legalmente a los representantes indígenas en su lucha judicial. Este artículo da cuenta de ese proceso legal y político.