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Los derechos culturales constituyen una categoría subestimada en el concierto hegemónico de los derechos humanos. Esta circunstancia ha llevado a que uno de sus aspectos centrales, el patrimonio cultural no haya sido nombrado como tal en ninguno de los instrumentos internacionales del Sistema Universal, ni de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos. Este trabajo busca aportar a la definición de su núcleo básico de contenido identificando tres dimensiones y tres principios rectores que informan su interpretación y aplicación, a partir del análisis de normas internacionales, informes de la Relatoría especial en la órbita de los Derechos Culturales de Naciones Unidas y normas internas de Argentina.

El artículo busca estimular la crítica del derecho y de los derechos humanos según son concebidos desde una perspectiva occidental moderna, tomando como punto de partida una posible interfilosofía o sobrefilosofía del derecho basada en perspectivas, conceptos y prácticas de los pueblos originarios amerindios. A partir de distintos ejemplos en una muestra de lenguas y culturas continentales históricas y actuales, se elaboran notas críticas relativas a: el derecho monista, el derecho consuetudinario, los derechos humanos, el sujeto individual del derecho, el antropocentrismo, la ley y sus fundamentos éticos, y el valor legal la palabra y la verdad. Se intenta una búsqueda utópica de defensa del territorio concebido en forma distinta y un amparo para otras posibles construcciones de la normatividad. Se exploran conceptos de valor jurídico considerando la posibilidad de su realización en una globalización que no aniquile la diversidad de lenguas, de culturas y de distintos pensamientos profundos, situándose en el horizonte de las víctimas de los órdenes imperantes tanto nacionales y mundiales como indígenas.

El presente estudio, elaborado a solicitud del Comisionado Nacional de Seguridad, a través de la
Dirección General de Política y Desarrollo Penitenciario, tuvo por objeto elaborar un diagnóstico
sobre las condiciones de vida y de trabajo en las que presta sus servicios el personal adscrito a
los centros federales de readaptación social. Ello con el propósito de recabar información básica
y proporcionar elementos de análisis que permitan contribuir al diseño e implementación del
Servicio de Carrera Penitenciaria.

Desde hace más de una década los problemas vinculados a la seguridad pública y al trabajo que realizan las distintas corporaciones policiales en México, son señalados por diferentes actores y en diversos espacios como graves y prioritarios. Sin embargo, detrás de dicho consenso general y superficial, las demandas de grupos y actores sociales presentan visiones que involucran ideas divergentes acerca del tipo de sociedad a la que se aspira, y de su relación con la consolidación de una sociedad más democrática. Si México busca construir instituciones policiales modernas, su modernidad no debe provenir solamente de apuestas tecnológicas y de una operatividad y gestión policial profesional (deseables por supuesto), sino también de la modernidad de una sociedad que autoreflexiona sobre el tipo de policía que desea, de los controles y las garantías con que quiere dotarse a sí misma, de las libertades que desea ver ampliadas o reducidas. Son decisiones políticas insoslayables, que reflejan reglas de convivencia a las que desea suscribir en un sentido clásico de contrato social. Esta dimensión política (implícita o explícitamente siempre presente) debe dialogar con los modelos, programas y estrategias de seguridad pública que en México, como en otros lugares del mundo, hayan demostrado y demuestren ser los más exitosos en el logro de sus objetivos, y de la ponderación y lugar que se les quiera otorgar: ser más eficaz en controlar la incidencia delictiva, realizar un trabajo que respete los derechos de la población, distribuir de manera justa el servicio de seguridad a toda la población, disminuir la corrupción policial, etcétera. No se trata de objetivos excluyentes, por el contrario, en gran medida se refuerzan, pero los énfasis que se otorguen siguen siendo insoslayables.

Los abusos cometidos por la policía en el ejercicio cotidiano de sus funciones, y la selectividad de sus controles sobre determinadas categorías de personas, no han estado en el centro de preocupación de las nuevas miradas y esfuerzos políticos e institucionales que buscan la “modernización” de las policías mexicanas. El lugar marginal que siguen ocupando tales temas se refleja en la falta de mecanismos e indicadores que permitan rendir cuentas acerca de cómo la policía ejerce el uso de la fuerza y aplica diversos controles.