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La relación entre el uso excesivo de la fuerza y la corrupción policial ha sido poco explorada. Esta carencia es grave al estudiar instituciones policiales donde las prácticas de corrupción son extendidas, tal como es el caso en la Ciudad de México (Distrito Federal). A partir del análisis de 575 expedientes de queja por violaciones al derecho a la integridad personal que recibió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal entre los años 2007 y 2011, se observan distintos patrones problemáticos. El uso excesivo de la fuerza obedece a motivos diversos: como forma normalizada de realizar el trabajo policial cotidiano, como “castigo” a quien se resiste o falta el respeto a la autoridad, por impericia para resolver una situación conflictiva. Pero también el abuso en el uso de la fuerza se vincula a distintas formas de corrupción policial: extorsiones, delitos, resolución de problemas particulares, etc. Es necesario reconocer la heterogeneidad de los problemas de uso de la fuerza de la policía.

O artigo discute as práticas dos profissionais responsáveis por classificar uma morte como “homicídio”, suicídio”, “acidente” ou “morte natural” à luz de abordagens construtivistas que tratam dos processos de criminalização. São analisadas as receitas profissionais utilizadas pelo staff da perícia criminal na tipificação de ocorrências. A pesquisa foi realizada em 2012 com base na observação de 19 “perícias de local do crime” no Rio de Janeiro. Os resultados indicam que as práticas adotadas em casos de morte típicos são diferentes das receitas profissionais seguidas pelo mesmo staff nos casos de morte atípicos. Por isso, o trabalho da perícia parece pouco contribuir para a elucidação da autoria em casos típicos de mortes classificadas como homicídios. Os resultados demonstram a desigualdade social na investigação dos homicídios.

Este libro abre las puertas a una realidad poco conocida pese a su enorme interés: el cruce entre la formación y el posterior
desempeño de los efectivos de la fuerza policial federal más numerosa del país. La Policía es una trama de relaciones -con
características no tan distintas de las de campos supuestamente disímiles- en la que el equipo coordinado por Frederic
buceó con observación, entrevistas y encuentros en aulas y recreos, comisarías y patrulleros, estadios de fútbol y calles.
El análisis exhaustivo resultante, superador de muchas aproximaciones ancladas en prejuicios sobre la identidad policial, es
el primer estudio sobre la PFA basado en un trabajo de campo etnográfico intensivo de investigadores formados y en formación,
y constituye una apuesta al trabajo etnográfico colectivo. Nacido de un convenio entre la UNQ y el Ministerio de Seguridad
en 2011, tiene también el mérito de haber superado la lógica típica de la consultoría y proponerse que el conocimiento
independiente producido desde una universidad estatal contribuya a nutrir políticas públicas.

Veremos, a lo largo de este libro, que es posible hallar rasgos comunes entre los modos de percibir y actuar de los policías y
otros ámbitos sociolaborales, como también lógicas semejantes, que incluso pueden no derivar unívocamente de su condición más visible. Sus esferas de sociabilidad, su condición de género, edad, trayectoria educativa, lazos familiares, percepción del tiempo y el espacio, entre otros, son factores que configuran esa dimensión, sin que la condición policial agote la explicación de su comportamiento público o privado.

Esta investigación se enmarca en el proyecto “Violencia institucional: hacia la implementación de políticas de prevención en la Argentina” fi nanciado por la Unión Europea y ejecutado por: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), Asociación Pensamiento Penal (APP), Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Xumek), Colectivo de Acción Jurídica (CIAJ) y Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC). El proyecto se propone contribuir a: reforzar el papel de la sociedad civil en la protección de los derechos humanos y la promoción de políticas públicas democráticas e inclusivas y fortalecer a los organismos estatales responsables por el diseño e implementación de políticas públicas con impacto sobre la prevención y sanción de la violencia.