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El Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en México (SIJPA) previsto en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y regulado en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA) parte de los principios de interés superior de la persona adolescente, mínima intervención y flexibilidad; prevé la aplicación de una medida de sanción acorde a las características y necesidades de la persona adolescente, así como de las circunstancias del hecho concreto. Por lo que en observación de las normas internacionales establece un amplio listado de medidas que van desde la amonestación hasta el internamiento en régimen cerrado; entre las que la jueza o el juez podrán elegir la más conveniente para la reinserción social y reintegración familiar de la persona adolescente.

A lo largo de la historia del Derecho han existido diversos modelos de justicia para adolescentes, desde la promulgación de las leyes de Massachusetts (1874) y Nueva York (1892), y con el establecimiento del primer tribunal de menores en Illinois, Chicago (1899), ordenamientos con los que se reconoce el nacimiento del Derecho de Menores diferente del derecho penal de adultos. Hasta nuestros días, se han desarrollado diversos modelos de justicia para adolescentes.

La regulación especializada en materia de menores de edad que cometen delitos inició en 1874, sin embargo, debido a las irregularidades que las legislaciones nacionales presentaban en su normatividad y aplicación, la comunidad internacional instrumentó ordenaciones que recogieran las pautas mínimas que debían respetar los Estados para la aplicación de justicia penal para menores de edad. Después de casi medio siglo de trabajo, la Organización de las Naciones Unidas aprobó cinco instrumentos que constituyen el corpus iuris de la justicia penal para menores de edad.

Conocer el sistema de protección de las niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes en México es fundamental para las personas que interactúan con ellas y ellos: familiares, docentes, médicos, trabajadores sociales, etcétera, a efecto de garantizar su observancia, es decir, que NNA gocen de sus derechos humanos.

Durante los últimos diez años se ha acentuado el uso del término punitivismo en su relación con experiencias como el delito, la violencia, la prisión, la justicia, la ley penal, etc. Con frecuencia calificamos de punitivas a conductas, declaraciones públicas (de actores políticos y no políticos), iniciativas o reformas de ley, expresiones cotidianas por la asociación apologética que establecen con el castigo. Un hecho que es tanto un fenómeno social como una experiencia colectiva que debería invitarnos a una reflexión más profunda sobre el sentido, significado y propósito del castigo en nuestro tiempo. Sin embargo, lo que encontramos es una sociedad cada vez más complacida con la idea de ejercer el castigo y ser castigada.