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El ascenso del Frente Amplio en el año 2005 a la presidencia del Uruguay generó grandes expectativas en buena parte de la sociedad uruguaya, que auguraba transformaciones sustantivas en el país. La sensibilidad de izquierdas del partido de gobierno anunciaba la incorporación del enfoque de derechos en la legislación nacional, el proceso judicial y las instituciones de ejecución de medidas, además de un amplio proceso de descriminalización y profundización en los problemas sociales y educativos. Al inicio del gobierno se realizaron cambios sustantivos, aunque no sin tensiones y frenos. Luego, paulatinamente se desarrolló una política de endurecimiento coercitivo, penal y policiaco, ante el crecimiento continuo de los principales indicadores de criminalidad (homicidios, rapiñas y hurtos). En este contexto, algunas adolescencias fueron receptoras del “giro punitivo progresista”, a pesar de que la evidencia disponible sostiene que las y los adolescentes están muy distantes de explicar el delito y la criminalidad nacional. Así las cosas, el presente texto se propone problematizar la política criminal progresista para el caso del sistema de responsabilidad penal adolescente durante los gobiernos del Frente Amplio (2005 – 2020) en Uruguay. Se trata de evidenciar las “sensibilidades” que guiaron las políticas públicas criminales del partido de gobierno y plantear una discusión acerca de los dilemas de las izquierdas con respecto a la seguridad pública.

Los adolescentes en conlicto con la ley están sometidos a diversas vulneraciones de derechos por parte de las autoridades del
sistema punitivo y de otros agentes del entorno penal. Algunas de estas violaciones se evidencian en delitos e irregularidades y otras en actividades institucionales de la justicia para adolescentes. Estas prácticas ilegales y legales toman forma y contenido en el intercambio económico entre autoridades y sospechosos/familiares. En este contexto, la investigación indaga el mercado de castigo en la justicia para adolescentes de la Ciudad de México. El estudio pone en evidencia las cajas negras y/o márgenes de la justicia para adolescentes de la Ciudad de México donde tiene lugar el mercado ilegal de castigo. Para ello, a partir de una metodología cualitativa, se aplicaron entrevistas en profundidad a los adolescentes que se encuentran cumpliendo medidas judiciales en algunas de las instituciones de ejecución de medidas y entrevistas semiestructuradas a los referentes familiares (en general, madres) y operadores judiciales (jueces, defensores y iscales) de los adolescentes entrevistados.

La detención policial de los adolescentes es un fenómeno social controversial. Como hecho social de riesgo en la ausencia de testigos (personas, registros tecnológicos, etc.), las relaciones sociales entre la policía y los adolescentes, en la detención, se convierten en una caja negra de desconocimiento e incertidumbre. Por esta razón, la detención es un momento propicio para eludir la ley. Ello conlleva, en no pocas ocasiones, violaciones a los derechos humanos de los adolescentes: violencia física, detenciones arbitrarias, corrupción, etc. Tal problema ha sido escasamente examinado a nivel empírico en Uruguay. En este sentido, el artículo examina la experiencia de la detención e indaga sobre las representaciones sociales que tiene la policía desde el punto de vista de los adolescentes en conflicto con la ley.

En los últimos años, la inseguridad, el miedo y la edad de imputabilidad vienen siendo temas de debate en la sociedad uruguaya, especialmente por la esfera política, los medios de comunicación, las mediciones de opinión pública y ciertas organizaciones sociales. En este contexto, entre tantos otros actores y fenómenos sociales, la mirada punitiva se dirige a los adolescentes infractores como causa explicativa del supuesto aumento cuantitativo y cualitativo del delito. En este sentido, el artículo intenta brindar argumentos para afirmar que la infracción adolescente no es el problema fáctico del delito en Uruguay.

En el marco de una correntada de pensamiento y opinión que diagnóstica, in extremis, el incremento de la delincuencia, especialmente con cara juvenil, como causa de la inseguridad; reaparece en Uruguay, con cierta asiduidad, la discusión política de la edad de imputabilidad. Pese al endémico retorno del debate político, desde 1934 nunca se ha modificado el umbral etario que diferencia las penas destinadas a las personas menores de 18 años de aquellas penas orientadas a las personas mayores o con edad igual a 18 años. ¿Por qué el eterno fracaso de la reforma de la edad de imputabilidad? ¿Para qué modificar la edad de imputabilidad si las personas menores de 18 años de edad son jurídicamente penadas? Estas y otras interrogantes pretenden ser contestadas a continuación.