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En los últimos años, la inseguridad, el miedo y la edad de imputabilidad vienen siendo temas de debate en la sociedad uruguaya, especialmente por la esfera política, los medios de comunicación, las mediciones de opinión pública y ciertas organizaciones sociales. En este contexto, entre tantos otros actores y fenómenos sociales, la mirada punitiva se dirige a los adolescentes infractores como causa explicativa del supuesto aumento cuantitativo y cualitativo del delito. En este sentido, el artículo intenta brindar argumentos para afirmar que la infracción adolescente no es el problema fáctico del delito en Uruguay.

En el marco de una correntada de pensamiento y opinión que diagnóstica, in extremis, el incremento de la delincuencia, especialmente con cara juvenil, como causa de la inseguridad; reaparece en Uruguay, con cierta asiduidad, la discusión política de la edad de imputabilidad. Pese al endémico retorno del debate político, desde 1934 nunca se ha modificado el umbral etario que diferencia las penas destinadas a las personas menores de 18 años de aquellas penas orientadas a las personas mayores o con edad igual a 18 años. ¿Por qué el eterno fracaso de la reforma de la edad de imputabilidad? ¿Para qué modificar la edad de imputabilidad si las personas menores de 18 años de edad son jurídicamente penadas? Estas y otras interrogantes pretenden ser contestadas a continuación.

A partir de mi etnografía sobre el quehacer cotidiano y las intervenciones de una secretaría tutelar de un juzgado penal de menores, en la ciudad de Buenos Ares, en este artículo me centro en lo que identifiqué como la segunda etapa del proceso de trabajo propio de esa secretaría: el tratamiento. Identifico cómo las delegadas inspectoras construyen e interpretan ciertas actitudes, actos y expresiones como una “voluntad de cambio”, o como una ausencia de ella, en los jóvenes, y así dan proseguimiento a su trabajo. Busco mostrar, etnográficamente, la importancia que adquiere, en esta etapa, la demostración del cambio que los jóvenes y sus familias puedan expresar, más allá de la búsqueda o expectativa de alcanzar o probar un cambio “real”.

En este artículo presento y analizo las expresiones escritas en determinados docu- mentos de una burocracia judicial, que revelan maneras particulares del quehacer institucional y muestran evaluaciones morales y decisiones construidas a partir de y en la interacción entre los agentes judiciales y los casos específicos, mostrando cómo se construyen los informes que integran los expedientes referidos a jóvenes acusados de delitos. Procuro dar cuenta de la construcción de esos registros escritos a partir de mi trabajo de campo desarrollado durante los años 2012 y 2013 en la secretaría tutelar de un juzgado penal de menores, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, observé la traducción de lo oral e interactivo a lo escrito y fijo. Focalizaré mi descripción etnográfica en los valores, representaciones, lenguajes y categorías institucionales que moldean las narrativas de esos informes, abordados como un género literario burocrático que constituye una forma específica de construir culpa- bilidades o exculpaciones sobre esas personas acusadas de un delito.

La propuesta en este artículo es presentar algunas reflexio- nes a partir de diferentes situaciones que observé durante mi trabajo de campo, desarrollado entre los meses de junio de 2012 y noviembre de 2013, en la secretaría tutelar de un juzgado penal de menores en la Ciudad de Buenos Aires.