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En el presente trabajo se analizan de algunas de las problemáticas que enfrentan las mujeres adolescentes para participar en los procesos de toma de decisión de sus comunidades e incluso en la política. Para ello es fundamental primero conocer el marco jurídico (internacional y nacional) que garantiza el derecho de las adolescentes a participar y la correspondiente obligación de los órganos del Estado de crear los espacios y procesos para que ejerzan este derecho. La participación de las adolescentes se ve coartada en virtud de que en México a las personas menores de dieciocho años no se les reconoce la ciudadanía. A las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en los procesos de toma de decisión, se suman los obstáculos que derivan de una estructura adultocéntrica y que limitan sus derechos en razón de la minoría de edad, así como la pertenencia a una menoría (étnica, sexual, etcétera), la situación de migración, hablar un idioma distinto al “oficial”. Es por ello que se exponen algunos datos sociodemográficos del Estado de Chiapas, pues resulta necesario conocer el contexto en el que viven las mujeres adolescentes indígenas, ello con la finalidad de conocer algunos de los retos a los que se enfrentan en el ejercicio de sus derechos y en específico el de participación. Lo anterior permite hacer recomendaciones para el diseño, implementación, evaluación y modificación de estrategias y políticas públicas que promuevan, respeten y garanticen la participación de las adolescentes. 

A lo largo de la historia del Derecho han existido diversos modelos de justicia para adolescentes, desde la promulgación de las leyes de Massachusetts (1874) y Nueva York (1892), y con el establecimiento del primer tribunal de menores en Illinois, Chicago (1899), ordenamientos con los que se reconoce el nacimiento del Derecho de Menores diferente del derecho penal de adultos. Hasta nuestros días, se han desarrollado diversos modelos de justicia para adolescentes.

La regulación especializada en materia de menores de edad que cometen delitos inició en 1874, sin embargo, debido a las irregularidades que las legislaciones nacionales presentaban en su normatividad y aplicación, la comunidad internacional instrumentó ordenaciones que recogieran las pautas mínimas que debían respetar los Estados para la aplicación de justicia penal para menores de edad. Después de casi medio siglo de trabajo, la Organización de las Naciones Unidas aprobó cinco instrumentos que constituyen el corpus iuris de la justicia penal para menores de edad.

Conocer el sistema de protección de las niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes en México es fundamental para las personas que interactúan con ellas y ellos: familiares, docentes, médicos, trabajadores sociales, etcétera, a efecto de garantizar su observancia, es decir, que NNA gocen de sus derechos humanos.

Durante los últimos diez años se ha acentuado el uso del término punitivismo en su relación con experiencias como el delito, la violencia, la prisión, la justicia, la ley penal, etc. Con frecuencia calificamos de punitivas a conductas, declaraciones públicas (de actores políticos y no políticos), iniciativas o reformas de ley, expresiones cotidianas por la asociación apologética que establecen con el castigo. Un hecho que es tanto un fenómeno social como una experiencia colectiva que debería invitarnos a una reflexión más profunda sobre el sentido, significado y propósito del castigo en nuestro tiempo. Sin embargo, lo que encontramos es una sociedad cada vez más complacida con la idea de ejercer el castigo y ser castigada.